El
Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido en los presupuestos generales del Estado
el recorte de 204 millones de euros a las cuentas de RTVE que ya había
anunciado en diciembre de 2011. La sucesión de acontecimientos en lo que
respecta a RTVE es alarmante. El 6 de Julio del pasado año se consumaba la
dimisión de Alberto Oliart, alegando que su
decisión obedece a "razones de estricto carácter personal y madura
reflexión" y su
deseo de dejar de ser “el pim
pam pum de los políticos”.
Tras la polémica que había generado la adjudicación a la empresa a su
hijo Pablo Oliart de la cobertura técnica del programa “La mañana de la 1” y
las continuas acusaciones por parte del Partido Popular desde la oposición
hacia unos informativos repletos de “manipulaciones” y “tergiversaciones” de la
realidad.
Tras los mencionados acontecimientos, se decidió que los 11
consejeros se turnarían mensualmente para ejercer la presidencia ejecutiva, al
tiempo que se producía el diálogo entre los dos partidos mayoritarios para
llegar a un acuerdo sobre el nuevo presidente.
EL 20 de Noviembre el 2011 el Partido Popular se alzaba en el
poder, obteniendo la mayoría absoluta. El modelo de televisión pública
que el gobierno socialista había diseñado en 2006 podía (ya) entonces tener los
días contados. Aunque los presupuestos generales del Estado se pospondrían
hasta después de las elecciones andaluzas, el 30 de diciembre fue el día en que
Soraya Sáenz de Santamaría anticipaba el mayor recorte de la historia de España
que se ejecutaría mediante un decreto-ley. Además de una fuerte subida de
impuestos (que negaron por completo en campaña), el gobierno confirmaba las
previsiones: el presupuesto de RTVE se reducía unos 200 millones de euros para
el año 2012. De a 1200 millones se pasaría a 1000, estando ya comprometido el
80% del presupuesto. Cabe recordar que en 2006 ya se había efectuado un
ERE que acababa en el 42% de la plantilla (4150 empleados), aunque en
aquel entonces los motivos y las circunstancias de los que se acogieron al ERE
eran algo distintos.
El 2 de febrero, el consejo de administración de RTVE
anunciaba que las dos series estrella de la televisión pública (Cuéntame y Águila Roja) no emitirán nuevos capítulos hasta que
se “estime oportuno”. Una semana después se conocía una reducción del sueldo de
los presentadores estrella —Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana
Pastor, etc. — de un 25%. “No tenemos un servicio público para que tengan un
sueldo como el que tiene un profesional en un servicio privado” afirmaba
Montoro por aquel entonces. Y por una vez, parecía una medida sensata que
desprendía sentido de la responsabilidad. Por una vez, y no más, visto lo visto.
Toda esta batería de medidas, sumada a la situación de
desgobierno interno causada por el retraso a la hora de nombrar al nuevo
presidente y a los consejeros de la Corporación, ha tenido, de inmediato, una
repercusión en los niveles de audiencia de la televisión pública. Tras seis
meses ininterrumpidos como líder de audiencia, la TVE ha reducido su share del 14,1% al 12,8%. Mientras,
durante estos mismos meses, Telecinco ha visto aumentada su audiencia en 2
puntos, desde el 11,9% al 13,9% del share. El
presidente de turno, el consejero propuesto de CIU José Manuel Silva, reconocía
en el congreso a primeros de marzo que canales de la TDT como Clan TV,
Teledeporte, el Canal 24 horas o el programa Saber y Ganar estaban en peligro tras el tsunami
de recortes que el Gobierno estaba realizando. La posible desaparición de estos
canales traería consigo la disminución de la audiencia en su conjunto de
RTVE. Ya solo con el recorte de 204 millones de euros, las previsiones
para la TVE 1 son preocupantes: su share se va a ver visto reducido a la
mitad en los próximos meses, de un aproximadamente 14% a un 7%. El liderazgo de
los informativos de TVE 1 también peligraría tras 54 meses en lo más alto.
Las decisiones de Santiago González, director de TVE, y de
Jesús Andreu, miembro del consejo de administración de RTVE, de abandonar el
servicio público, junto a algunas otras que se habían producido
anteriormente (como la de Alberto Oliart). Los trabajadores de la cadena
admiten que RTVE funcionaba sin grandes problemas sin un presidente ejecutivo
definido, pero la salida de Santiago González –director de TVE– hacía saltar
todas las alarmas, cuestionando la sostenibilidad funcional de la empresa
pública. Una situación de desgobierno creciente que dificultaba cada vez más la
selección de contenidos. Mariano Rajoy, jefe del ejecutivo, y Alfredo Pérez
Rubalcaba, líder de los socialistas, habían decidido (de una vez por todas)
tomar cartas en el asunto, y poner el mes de junio como fecha límite para un
acuerdo que permita decidir acerca del nuevo presidente ejecutivo.
Las dimisiones se sucedían, y el clima interno era cada vez
más intenso. Algunos consejeros vaticinaban entonces el que Partido Popular
podría modificar la legislación vigente, conforme la cual la renovación del
consejo exige una mayoría de dos tercios del Congreso, para nombrar al
presidente de RTVE por mayoría absoluta (es decir, dada la mayoría absoluta
que poseen: unilateralmente.
Y no se equivocarían.
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