La calidad de la Televisión Pública: Spain is (also) different (II)

Alegando un supuesto “bloqueo” del PSOE en las negociaciones para la renovación del Consejo de Administración de RTVE y la elección de su presidente, el gobierno ha decido —y aprobado en el Consejo de Ministros mediante un decreto-ley— cambiar la ley: los nombramientos ya no deberán ser respaldados por al menos dos tercios del parlamento, sino que solamente será necesario una mayoría absoluta. De este modo, tras los resultados de las elecciones generales del 20-N, el PP no estará obligado a pactar con ningún grupo para situar a hombres y mujeres de ideología afín en el consejo de administración y en la presidencia. Un paso para atrás en el arduo camino  por una televisión pública objetiva y  veraz, y un acercamiento a los tiempos de la televisión de partido. Precisamente fue José Luis Rodríguez Zapatero quien emprendió en 2006 una ley de la radio y la televisión estatal que incluía pequeños avances en lo que respecta a la independencia de RTVE. Estás fueron era algunas de las medidas que se adoptaron:  “los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes Generales, a razón de ocho por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, de entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”, “Los candidatos propuestos, incluyendo los previstos en al apartado anterior, deberán comparecer previamente en audiencia pública en  el  Congreso  y  el  Senado,  en  la  forma  que reglamentariamente se determine, con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad para el cargo. Su elección requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente”.

A su vez, el Consejo de la Administración de RTVE se reducía a nueve miembros. Los consejeros dejarán de tener a partir de ahora dedicación exclusiva, pudiendo por tanto  así compatibilizar este cargo con empleos paralelos. El sueldo de 114.000 euros anuales desaparecerá para dar paso al cobro de indemnizaciones por asistencia a las reuniones. No es difícil de adivinar que el ejecutivo liderado por Mariano Rajoy ha decidido ir liquidando poco a poco, y paso a paso el servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado, del que (por pocos años) la mayor parte de los españoles nos hemos sentido orgullosos. Urdaci o Zaplana -esos viejos conocidos del pasado- podrían volver a escena, con todo lo que eso supone.

Aunque, debemos hacer latente que no se trata solo de un simple aparato de medidas con la intención de acabar con RTVE. Mientras presenciamos el declive cualitativo, institucional y financiero de RTVE, el Partido Popular se dispone a hacer gala de su  mayoría absoluta. Un Rajoy cada día más opaco, que huye de los medios, y que junto a su ejecutivo, hace inviable una RTVE competitiva. Un control partidista de la televisión pública pone a disposición del Gobierno otro medio (más) de propaganda, manipulación y falta de independencia. Pretender implantar un modelo de televisión estatal similar al de Telemadrid o Canal 9 es (al menos) peligroso para una televisión que tiene que dar cabida a los intereses de unos 45 millones de ciudadanos. Un servicio público que sitúe a la rentabilidad como elemento indispensable esta abocado al fracaso. Javier Gallego, uno de los estandartes de la cultura en España  y director del programa "Carne Cruda" de Radio 3 plasmaba en su blog (como trabajador de la cadena) su disconformidad con las nuevas medidas que había adoptado el Gobierno con respecto a RTVE. Muchos (entre los que me incluyo) abogamos por el modelo BBC. Pero no: falta dinero y cultura audiovisual.

La BBC es, actualmente, la corporación de televisión y radio más grande del mundo, además de ser una de las más valoradas por sus contenidos, diversos y de calidad. A través de un canon de  150 euros que cada británico debe pagar por televisor. El 77% -alrededor de 3100 millones- del presupuesto anual de la BBC es recaudado a través de este canon. Un presupuesto anual que ronda los 4000 millones de euros, enfocados para proveer servicios que incluyen 10 canales de televisión y 16 canales de radio. 82 euros es el precio que los británicos, según la Unión Europea de Radiodifusión, pagan por persona. Más alto todavía es en Alemania, con 88 euros por persona. España es, según ésta misma organización,  la más barata con un coste de 12,4 euros al año por persona. El presupuesto anual no supera en nuestro país -tras el recorte de 200 millones- los 1000 millones de euros. Series de televisión como Sherlock o Luther, de calidad indiscutible, son producidas por la BBC., y exportadas a numerosos países. En España, en cambio, algunas de nuestras series más exitosas   -aunque no tan exportadas- y populares, como Águila Roja y Cuéntame cómo pasó ya han dejado de emitir porque eran demasiado caras. Una propuesta, Mariano: Invierte más, obtendrás productos de mejor calidad y, entonces, podrás rentabilizarlo exportándolo a otros países. Pero en España, y más con el actual gobierno, cosas así parecen imposibles. David Jiménez reflejaba a la perfección  el problema de España en su blog a finales de febrero.

Una crisis de competitividad que ha sacado a relucir muchos de los problemas de un país que merece un cambio.

Pasado, presente, futuro

1     A continuación realizaremos un breve repaso de la evolución socioeconómica de Occidente, desde el crack del 29 hasta las políticas neoliberales de los 80. Situaciones las cuáles relacionaremos con la actual, estableciendo analogías con los posibles escenarios futuros.

     La economía occidental, especialmente al principio, se rigió por una versión atenuada del mundo socialista. Ya desde las políticas del New Deal emprendidas por Roosevelt, el mundo occidental se comenzó a caracterizar por una fuerte presencia del estado en la economía. Esto se traducía en la existencia en todos los estados del mundo occidental –en mayor o menor grado– de un sector significativo de la economía nacionalizado: grandes empresas publicas en el sector de los bienes de capital –acero, eléctricas, energía, etc. – y la banca, también nacionalizada total o parcialmente en algunos de ellos.

El Estado parecía haber escarmentado tras la crisis del 29 y pretendía evitar a toda costa la existencia de unas tasas de  desempleo como las que se habían producido en los años 30, de entre el 24% y el 25% en Estados Unidos. Evitar el desempleo por encima de todo no se debía solo a una cuestión política: el desempleo masivo era considerado por los gobiernos como un posible causa determinante para el ascenso del fascismo, y la rivalidad y conflicto entre estados que había desembocado en la segunda guerra. El miedo a que se reprodujera esa situación llevaría  a los Estados a asumir la teoría de Keynes, y a la inversión pública. El propósito de las nacionalizaciones que se llevaron a cabo era implantar una política de elevados tipos de intereses que atrajera hacia esa banca pública el ahorro de los ciudadanos, contribuyendo de esta manera a financiar ese sector nacionalizado de la economía, y por tanto financiando la creación de empleo público.

Otra de las características claves de la etapa de intervencionismo estatal fue la elevada presión fiscal en casi todos los países –con impuestos elevado–, y al mismo tiempo un fuerte carácter redistributivo – las rentas más altas pagarían  más de lo que pagaban las rentas más bajas–. El  propósito en este caso era principalmente generar ingresos, para que el Estado pudiese conseguir el pleno empleo a través de la inversión pública, además de financiar las políticas del Estado del bienestar

Los mercados  –de capitales, de trabajo, de bienes y servicios, etc. –fueron a su vez  fuertemente regulados. El estado los reguló en búsqueda de determinados objetivos. Por ejemplo, esta banca pública estaría dispuesta a prestar a tipos de interés muy bajos a aquellas empresas que se comprometieran a garantizar inversiones a largo plazo que pudiesen generar empleo, y generar aumentos de productividad, que a la larga, indirectamente, generarían también empleo.

 Debemos destacar también el auge de la planificación indicativa que se generaliza sobre todo en Europa. Ella consistía en que cada  cinco o siete años el Estado desarrollaba planes en los que se esbozaba hacia donde debería ir el sistema productivo, donde se debería invertir más, que aspectos del sistema productivo deberían ser mejorados o fortalecidos, etc. (muchos sociólogos informaban del desarrollo de estos). Reorientaban así toda la política económica, dirigiéndola hacia la dirección pertinente.  En España, ejemplo de ello son los planes de desarrollo en los años 60.

Sin embargo, todo cambió a finales de los años 70 con un fuerte retraimiento del Estado. La punta de lanza de este cambio la protagonizó USA con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan, y  Gran Bretaña con La dama de hierro Margaret Thatcher. Durante esta época de neoliberalismo, el pleno empleo deja de ser la prioridad de la política económica occidental. Se llega a la conclusión de que la economía no puede realzarse a no ser que se contengan los precios. El guía fundamental será poco a poco el neomonetarismo: contener los precios a través de limitar la masa monetaria en circulación, es decir, a través de contener el gasto publico. El viraje que se produce en la política económica a finales de los 70 tiene como razón de ser el hecho de que los políticos y los economistas defienden que el Estado ya no es capaz de generar empleo. Ello se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, debido a que el Estado  no tiene tantos ingresos como antes, y en segundo lugar, porque las propias políticas neomonetaristas para contener la inflación limitan el gasto del Estado. Como consecuencia de esto, todo lo que era el sector nacionalizado se convirtió en una maquina de perder dinero a medida que esos sectores nacionalizados pierden su competitividad frente a las economías emergentes, como Japón o Corea.

En definitiva, tanto aquella crisis como la crisis que nos acecha son crisis de competitividad, que hacen aflorar a su vez algunos otros problemas estructurales. Europa tiene actualmente diversas opciones para combatir con un país tan competitivo y con tanto potencial como China. Una de ellas podría ser la  inversión en I+D (y universidades, educación, conocimiento, etc.) como está haciendo Estados Unidos o Alemania, que durante la crisis han aumentado el dinero que destinan a estas partidas. Otra posibilidad, más controvertida desde el punto de vista ético, podría ser  crear inestabilidad económica en China para que el país llegue a fragmentarse o dividirse. La economía política o politólogos como Inglehart tienen desarrollados modelos que defienden el aumento cuantitativo de una clase media  que obtendrá suficiente nivel adquisitivo para exigir sueldos más altos, y elevar el nivel de vida e los trabajadores. De esta manera, la competitividad de China se vería mermada problema que se plantea la economía política  es cuando se producirán.

Actualmente Europa es un auténtico desastre, con unos dirigentes políticos irresponsables fomentando el nacionalismo más populista (Sarkozy o Monti). No hacen lo necesario, no abogan (en la práctica) por una Europa más fuerte, ni invierten en I+D (de hecho, lo primero que se redujo en los PGE en España fue la inversión en I+D+I)

Mientras tanto, países como Alemania mantienen un sector industrial muy potente, con una mayor capacidad de aumento de la productividad que en España. Continúan  con un superávit exportador. Cuando en otros países se reduce en I+D o educación, en Alemania ese gasto aumenta. Al igual que  EEUU sistema de I+D y unas universidades generadoras de conocimiento para privilegiados.

A favor de occidente está la dificultad (históricamente hablando) de que Imperios tan extensos perduren en el tiempo sin fragmentarse. A eso hay que añadir las bases autoritarias sobre las que China se sostiene actualmente, que no disminuyen bajo ningún concepto. Es difícil pensar por tanto que este régimen pueda mantenerse sin fuertes reyertas sociales, revueltas, etc. que (algún día) podrían no ser paralizadas. Aún con todo, un cambio en Europa es necesario, y esa solidaridad europea por la que Sarkozy abogaba allá por noviembre debe imperar ahora más que nunca, si es que queremos mantener un nivel de vida al menos similar al que hemos tenido durante los últimos 60 años.

La calidad de la Televisión Pública: Un sentimiento (cada día) más nostágico (I)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido en los presupuestos generales del Estado el recorte de 204 millones de euros a las cuentas de RTVE que ya había anunciado en diciembre de 2011.  La sucesión de acontecimientos en lo que respecta a RTVE es alarmante. El 6 de Julio del pasado año se consumaba la dimisión de Alberto Oliart, alegando que su decisión obedece a "razones de estricto carácter personal y madura reflexión" y su deseo de dejar de ser “el pim pam pum de los políticos”. Tras la polémica que había generado la adjudicación a la  empresa a su hijo Pablo Oliart de la cobertura técnica del programa “La mañana de la 1” y las continuas acusaciones por parte del Partido Popular desde la oposición hacia unos informativos repletos de “manipulaciones” y “tergiversaciones” de la realidad.

Tras los mencionados acontecimientos, se decidió que los 11 consejeros se turnarían mensualmente para ejercer la presidencia ejecutiva, al tiempo que se producía el diálogo entre los dos partidos mayoritarios para llegar a un acuerdo sobre el nuevo presidente.

EL 20 de Noviembre el 2011 el Partido Popular se alzaba en el poder, obteniendo la mayoría absoluta.  El modelo de televisión pública que el gobierno socialista había diseñado en 2006 podía (ya) entonces tener los días contados. Aunque los presupuestos generales del Estado se pospondrían hasta después de las elecciones andaluzas, el 30 de diciembre fue el día en que Soraya Sáenz de Santamaría anticipaba el mayor recorte de la historia de España que se ejecutaría mediante un decreto-ley. Además de una fuerte subida de impuestos (que negaron por completo en campaña), el gobierno confirmaba las previsiones: el presupuesto de RTVE se reducía unos 200 millones de euros para el año 2012. De a 1200 millones se pasaría a 1000, estando ya comprometido el 80% del presupuesto.  Cabe recordar que en 2006 ya se había efectuado un ERE que acababa en el 42% de la plantilla  (4150 empleados), aunque en aquel entonces los motivos y las circunstancias de los que se acogieron al ERE eran algo distintos.

El 2 de febrero, el consejo de administración de RTVE anunciaba que las dos series estrella de la televisión pública (Cuéntame y Águila Roja) no emitirán nuevos capítulos hasta que se “estime oportuno”. Una semana después se conocía una reducción del sueldo de los presentadores estrella —Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor, etc. — de un 25%. “No tenemos un servicio público para que tengan un sueldo como el que tiene un profesional en un servicio privado” afirmaba Montoro por aquel entonces. Y por una vez, parecía una medida sensata que desprendía sentido de la responsabilidad. Por una vez, y no más, visto lo visto.

Toda esta batería de medidas, sumada a la situación de desgobierno interno causada por el retraso a la hora de nombrar al nuevo presidente y a los consejeros de la Corporación, ha tenido, de inmediato, una repercusión en los niveles de audiencia de la televisión pública. Tras seis meses ininterrumpidos como líder de audiencia, la TVE ha reducido su share del 14,1% al 12,8%. Mientras, durante estos mismos meses, Telecinco ha visto aumentada su audiencia en 2 puntos, desde el 11,9% al 13,9% del share. El presidente de turno, el consejero propuesto de CIU José Manuel Silva, reconocía en el congreso a primeros de marzo que canales de la TDT como Clan TV, Teledeporte,  el Canal 24 horas o el programa  Saber y Ganar estaban en peligro tras el tsunami de recortes que el Gobierno estaba realizando. La posible desaparición de estos canales traería consigo la disminución de la audiencia en su conjunto de RTVE.  Ya solo con el recorte de 204 millones de euros, las previsiones para la TVE 1 son preocupantes: su share se va a ver visto reducido a la mitad en los próximos meses, de un aproximadamente 14% a un 7%. El liderazgo de los informativos de TVE 1 también peligraría tras 54 meses en lo más alto.

Las decisiones de Santiago González, director de TVE, y de Jesús Andreu, miembro del consejo de administración de RTVE, de abandonar el servicio público, junto a algunas otras que se habían producido anteriormente  (como la de Alberto Oliart). Los trabajadores de la cadena admiten que RTVE funcionaba sin grandes problemas sin un presidente ejecutivo definido, pero la salida de Santiago González –director de TVE­– hacía saltar todas las alarmas, cuestionando la sostenibilidad funcional de la empresa pública. Una situación de desgobierno creciente que dificultaba cada vez más la selección de contenidos. Mariano Rajoy, jefe del ejecutivo, y Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de los socialistas, habían decidido (de una vez por todas) tomar cartas en el asunto, y poner el mes de junio como fecha límite para un acuerdo que permita decidir acerca del nuevo presidente ejecutivo.

Las dimisiones se sucedían, y el clima interno era cada vez más intenso. Algunos consejeros vaticinaban entonces el que Partido Popular podría modificar la legislación vigente, conforme la cual la renovación del consejo exige una mayoría de dos tercios del Congreso, para nombrar al presidente de RTVE por mayoría absoluta (es decir, dada la mayoría absoluta que  poseen: unilateralmente.

Y no se equivocarían.

La política de las circunstancias

1 de Noviembre. Nicolás Sarkozy aparecía en el Palacio del Elíseo tras la aprobación por unanimidad de los 17 miembros con respecto a perdonar el 50% de la deuda griega y ampliar el fondo de rescate a un billón de euros apelando a la “solidaridad europea”. El discurso de lo políticamente correcto imperaba en una Europa asediada por la crisis de la deuda griega y por la continua presión de los mercados. Resulta evidente que, por aquel entonces, Alemania no era la más presionada por los mercados, y el tipo de interés que pagaba por su deuda no superaba el 1,3%. En Alemania, todo sigue igual. En Francia, en cambio, algunas cosas si han cambiado. A principio de año, 100 días antes de la disputa de las elecciones presidenciales, Standard & Poor’s retiraba a Francia la calificación de triple A. Desde que comenzara la andadura de Sarkozy en el palacio presidencial, el número de parados se ha visto incrementado en un millón y su deuda se había visto aumentada en 600.000 millones.  El 31 de enero los organismos de sondeos más importantes de Francia, el BVA, el TNS y el Sofres anunciaban que Hollande obtendría entre el 31 y el 34% de los votos en la primera vuelta de las elecciones, mientras que Sarkozy no llegaría al 26%. 

En la segunda vuelta se repetiría el mismo escenario: 58% para el candidato socialista contra el 42% para el presente gobernante. Sin embargo, tras la matanza de Toulouse, la intención de voto par Sarkozy se sitúa (según el sondeo publicado por “BFMTV”) en el 30&, y la de Hollande en 28%. Una semana antes de comenzar oficialmente la campaña política para las elecciones, Nicolás Sarkozy no parece tenerlas (ya) todas consigo, y España estar sufriendo los “daños colaterales” de ese miedo que corroe al de París. Durante tres días consecutivos, el actual presidente de la república francesa arremetió contra los “desastres” que se habían producido en España durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Miren a España tras 7 años de socialismo” pregonaba el miércoles Sarkozy a cuatro días de dar comienzo oficialmente la campaña para las elecciones. Por si no fuera poco, el jueves en la conferencia de prensa para explicar su programa, situaba a España en una situación equiparable a la que Grecia había vivido: “No hay un francés que desee la situación que han tenido los griegos y que ahora tiene España, caracterizada por la incapacidad de cumplir con los compromisos”.

Parece pues, que cuando se trata de perpetuarse en el poder, los altos dirigentes no tienen límites, y todo sirve con tal de sacar un rédito político. ¿Dónde ha quedado la“solidaridad europea” a la que alentaba Sarkozy en Noviembre? ¿Qué sucede si la próxima semana los mercados atizan a España con una rápida subida de la archiconocida prima de riesgo? ¿Aceptará Sarkozy parte de culpa? Las respuestas están ahí. Piénsenlas ustedes mismos.